La tragedia del bosque.

Por ADOLFO AGUILAR ZINSER

Cd de México.-El martes pasado fue un día de coincidencias para la prensa nacional. Los principales diarios del país, casi sin excepción, dedicaron sus ocho columnas al discurso pronunciado por el presidente Fox en ocasión del aniversario de la Constitución de 1917. No era para menos: el Presidente había delineado un vasto proyecto de reformas a nuestro marco constitucional. Sin embargo, hubo una nota discordante en el concierto de titulares. En una sorprendente decisión, los editores del periódico Reforma otorgaron primera prioridad no al discurso presidencial sino a un tema que parecía fuera de agenda: la destrucción sistemática y acelerada del patrimonio forestal del país. Este tratamiento informativo no es, no me parece, un desaire al Presidente o a sus propuestas. Sí es en cambio una oportuna llamada de atención sobre las prioridades nacionales. Los grandes propósitos de este gobierno -la transformación política, la modernización económica, el combate a la inequidad social- sucumbirán si se destruye el marco de sustentabilidad del país.

La nota referida describe un exhaustivo y aterrador reporte de la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente sobre el estado de nuestros bosques. En 23 estados, la tasa de deforestación alcanza ya niveles catastróficos que ponen a ecosistemas enteros al borde del colapso. La degradación ha ocurrido por igual en Áreas Naturales Protegidas que en bosques y selvas sin protección especial. En algunas zonas de inmensa riqueza biológica, como los Montes Azules en Chiapas o la Reserva de la Mariposa Monarca en Michoacán, el huracán destructor se ha cebado con particular saña. Solamente en Chiapas se ha afectado gravemente a más de 2 mil 200 especies de flora: pinos, cedros, encinos, mangles, palmas reales y muchos otros.

Las causas de esta catástrofe son tan variadas como la biodiversidad perdida. Según el reporte de la Profepa, la degradación del patrimonio forestal del país está asociada lo mismo a la agricultura itinerante que al saqueo de especies endémicas o a la tala clandestina. En el sureste, por ejemplo, buena parte de la pérdida es producto de la presión demográfica, de las condiciones de pobreza extrema y de la preservación de prácticas agrícolas milenarias, como la roza-tumba-quema. En Michoacán o en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en cambio, el bosque tiene como principal enemigo a bandas criminales, dotadas de armas de alto calibre, que han hecho del desmonte masivo un millonario negocio. Existen también vastas redes de contrabando de especies tropicales o desérticas que, en algunos casos, podrían estar vinculadas al narcotráfico y que actúan con casi total impunidad.

En resumen, el reporte de la Profepa describe un panorama de destrucción, violencia e ilegalidad que coloca a nuestros bosques y selvas ante un escenario de crisis terminal. Lo que delinea en sus páginas es en todos los sentidos un problema de seguridad nacional, aunque sólo ahora el gobierno le da ese nombre. Esa es tal vez la mayor paradoja de este asunto: si se conocía a detalle la magnitud y alcances del problema de la deforestación, ¿por qué no se le dio un tratamiento de proporciones equiparables? Durante mi paso por el Congreso de la Unión, insistí, al igual que muchos otros legisladores de todos los partidos, en la necesidad de otorgarle a la conservación de nuestros bosques y selvas el rango de seguridad nacional. Lo hice porque el diagnóstico era en ese entonces y de tiempo atrás contundente: México pierde todos los años entre 650 mil y 1 millón de hectáreas de bosque al año. Esa pérdida significa la desertificación de 200 mil hectáreas de suelo por año, el agotamiento y contaminación grave de todas las cuencas hidráulicas del país, el exterminio de innumerables especies endémicas de fauna, la transformación climática de regiones enteras y la destrucción de la viabilidad económica de cientos de comunidades.

Sin embargo, los funcionarios gubernamentales del antiguo régimen se resistieron durante años a considerar la deforestación como algo más que un problema secundario. Esa decisión se reflejó gravemente en las asignaciones presupuestales, las prioridades programáticas y los instrumentos legales y políticos dedicados a la conservación de los recursos naturales. Buena parte de la problemática descrita en el reporte de la Profepa es producto de años de recortes presupuestales, de la reducción del número de inspectores forestales, de la desatención administrativa a los programas de conservación. Los talamontes podían arrasar impunemente regiones enteras del país porque no había nadie que los detuviera, porque el Estado era inexistente o inoperante en muchas de las áreas críticas señaladas por el reporte de la Profepa. Valga un ejemplo de este abandono: actualmente, cada inspector forestal tiene bajo su supervisión una área equivalente a la del estado de Tlaxcala.

Este triste estado de cosas, empero, está por cambiar. Desde su campaña electoral, Vicente Fox aceptó la designación de seguridad nacional para los problemas del bosque y el agua. Ratificó ese compromiso en su toma de posesión y en ese sentido se empieza a orientar la política ambiental del nuevo gobierno. En las próximas semanas, se lanzará la Cruzada Nacional por el Bosque y el Agua, un esfuerzo con una doble virtud: por un lado, vincula expresamente la conservación de los recursos forestales y de las cuencas hidráulicas; por el otro, se otorga a la protección de nuestro patrimonio el carácter estratégico y de seguridad nacional que en el pasado se le regateó. En el marco de la Cruzada, se planea crear una Comisión Nacional Forestal. Esa institución funcionaría como un organismo desconcentrado de la Semarnat que agruparía y daría coherencia a los programas gubernamentales dirigidos al bosque. Esta medida tiene el potencial de incrementar enormemente el peso político y la visibilidad pública de los asuntos forestales.

Por su parte, la Profepa tiene planeado iniciar este año un programa nacional de combate a la tala ilegal. Esa iniciativa tiene particular relevancia porque la tala ilícita se encuentra envuelta en una vasta madeja de ilegalidad que va de la posesión de armas y el robo de vehículos al secuestro y la extorsión. La novedad de este programa radica en su énfasis: se busca atacar no la oferta sino la demanda, no al ejidatario que desmonta un terreno boscoso porque se encuentra en condiciones de pobreza extrema, sino a los delincuentes que obtienen grandes beneficios con la comercialización de la madera obtenida ilegalmente. Asimismo, se busca dedicar mayores recursos y esfuerzos a las áreas críticas de deforestación, y trabajar con las comunidades y los ejidos para establecer mecanismos sociales de vigilancia.

Con todo, los esfuerzos del gobierno fracasarán si no cuentan con el apoyo, la presión y la participación decidida de la sociedad. La protección del medio ambiente es una tarea tan compleja que los mejores planes pueden naufragar si no están dotados de legitimidad social, si no existen formas de corresponsabilidad y canales de involucramiento para los ciudadanos. Según algunas estimaciones, estamos a 54 años de liquidar todo nuestro patrimonio forestal de continuar las tendencias actuales. No basta por tanto que el gobierno defina los problemas del bosque y el agua como de seguridad nacional; es necesario que la población, los partidos, las organizaciones sociales y los medios de comunicación le otorguen el mismo carácter e importancia. De allí el valor de la decisión de los editores de Reforma: la diseminación de la información sobre la catástrofe que viven nuestros bosques es esencial para revertir la trágica tendencia que amenaza con convertir a nuestro país en un inmenso desierto.